Balance de Supersalud: 3 EPS revocadas y 1.8 millones de usuarios trasladados
Las principales quejas atendidas en el último año fueron por demoras en la asignación de citas de medicina especializada y en la entrega de medicamentos.
Con la imposición de todo tipo de medidas preventivas y correctivas en el último año, la Superintendencia Nacional de Salud extremó sus mecanismos de control sobre las EPS e IPS para que respondieran por los procedimientos, medicamentos y tratamientos solicitados por los usuarios durante esta pandemia, y adicionalmente desplegó toda su capacidad de inspección y vigilancia sobre el Plan Nacional de Vacunación.
Así lo aseguró hoy el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas denominada “del lado de los usuarios”, que se desarrolló de manera presencial en el Hospital Universitario del Caribe, de Cartagena, y de forma virtual en la transmisión de streaming a través del sitio web de la Supersalud.
Al hacer un balance de la gestión en el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021, el funcionario destacó que, como viene sucediendo desde el inicio de Gobierno, todas las decisiones adoptadas por la Superintendencia se enfocaron a la protección de los usuarios y a continuar con la corrección del rumbo del sistema de salud.
“Nunca paramos de supervisar a los actores y enfrentamos este desafío planteado por la emergencia sanitaria poniendo en marcha planes de contingencia y estrategias para mantenernos cerca de los usuarios y vigilantes de que se les prestara una atención con calidad y oportunidad”, expresó Aristizábal Ángel.
En ese sentido, recordó que en el último año cerca de 1.8 millones de usuarios pudieron acceder a mejores garantías de salud por el traslado que tuvieron luego de que la Supersalud ordenara la revocatoria total de 3 EPS (Ambuq, Comfacundi y Comfamiliar Cartagena) y la salida de Medimás en 4 departamentos, las cuales venían mostrando un deterioro progresivo de sus indicadores y ponían en riesgo la salud de los afiliados. Recientemente, también se ordenó la toma de posesión de la EPS Coomeva para salvaguardar la adecuada atención de sus afiliados en todo el país y se aprobó el retiro voluntario de Comfanariño.
“Mediante 3.289 acciones de inspección y vigilancia, visitas y auditorías hechas desde el primer día de la pandemia hemos direccionado nuestros esfuerzos sobre las EPS, los operadores logísticos, los dispensarios de medicamentos, los puntos de atención al usuario y las clínicas y hospitales para garantizar la oportuna prestación de los servicios de salud”, agregó el Superintendente.
Más de dos millones de peticiones atendidas
En materia de protección, en el último año la Superintendencia atendió más de 2.2 millones de solicitudes a través de sus canales, de las cuales más de 1´3 millones correspondieron a requerimientos de información y las restantes 928.114 fueron peticiones quejas, reclamos o denuncias (PQRD).
De estas PQRD, 267.000 fueron de adultos mayores, más de 72.000 de pacientes de alto costo, 122.000 por temas relacionados con Covid-19 y más de 1.200 relacionadas con la vacunación.
Los principales motivos de las quejas fueron las demoras en la asignación de citas de medicina especializada y en la entrega de medicamentos.
Las 3.316 ‘sentencias de vida’
A través de la figura conocida como el Juez de la Salud, la Superintendencia emitió en el último año 3.316 sentencias, la mayoría de las cuales posibilitó a los usuarios acceder a tecnologías, tratamientos, operaciones quirúrgicas, servicios y medicamentos que los prestadores o aseguradores les negaban.
Hospitales en reanimación
El Superintendente Nacional de Salud destacó el efecto positivo de las medidas de intervención forzosa implementadas sobre hospitales públicos que atravesaban crisis.
En la actualidad, la Entidad tiene bajo medida de intervención administrativa 15 hospitales públicos localizados en diferentes regiones del país y uno más en medida de vigilancia especial.
De estos, siete han sido intervenidos desde que inició la emergencia sanitaria por el Covid19: San Rafael de Leticia, Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, el Sandiego de Cereté, el Emiro Quintero Cañizares de Cúcuta, El San Marcos de Sucre, el Hospital Local de Cartagena y el San Francisco de Asís en Chocó.
Los 15 hospitales han redoblado los esfuerzos, logrando ampliar los servicios y mejorar la atención de los usuarios a través de la expansión de las capacidades instaladas, particularmente el aumento en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e intermedios, que pasaron de 137 a 466.
Otra línea de ayuda para la red pública y privada de prestadores fueron las mesas de flujo de recursos y las jornadas de conciliación extrajudicial en derecho, mecanismos a través de los cuales la Supersalud consiguió, en el último año, oxígeno financiero para las IPS por más de 1.1 billones de pesos.
El ‘ojo’ en el Plan de Vacunación
Finalmente, el Superintendente subrayó el papel que ha jugado el máximo órgano de vigilancia de la salud sobre el Plan Nacional de Vacunación.
En ese sentido, explicó que desde marzo se conformó un ‘grupo élite’ de 80 profesionales que se desplegaron por todo el territorio nacional verificando que los prestadores, aseguradores y las entidades territoriales cumplieran con los lineamientos y responsabilidades asignadas por el Gobierno nacional para el proceso de vacunación.
Resultado de esto, se generaron 1.205 alertas de carácter preventivo que fueron puestas en conocimiento de los vigilados.
De estas, ya se ha subsanado el 65%, de acuerdo a los resultados del segundo ciclo de visitas que avanza a lo largo del territorio nacional.
Así mismo, este segundo ejercicio, a la fecha, deja 158 nuevas alertas para las EPS, IPS y Secretarías de Salud.